Flavors: El Fiscal y la querella no acusaron en el juicio de alimentos

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El Fiscal de Cámara, Hernán Trejo y la Fiscalía de Estado, como querellante, no encontraron pruebas ni elementos que les permitieran sostener la requisitoria de la acusación y procesamiento de los involucrados en la investigación de la causa Flavors. (Foto: gentileza).

 

La mencionada causa fue de gran repercusión en el gobierno radical de Miguel Saiz y con connotaciones políticas que tuvieron como implicados a ex ministros de Salud y de Familia de Río Negro.

La Cámara, integrada por Marcelo Chironi, María Luján Ignaci y Sandra Filipuzzi, deberá dictar resolución en el caso, que no habiendo acusación de cargos, será finalmente la absolución de los imputados.

Cabe recordar que Adriana Gutiérrez y Cristina Uría, ex titulares de Salud y Alfredo Pega, de Familia, fueron procesados por estafa, y defraudación en el cumplimiento de los contratos, con administración infiel, en perjuicio de la administración pública.

En tanto a Javier Matas, Máximo Viccchi y Daniel Fernández, empresarios que abastecieron de los alimentos que se distribuían en las escuelas de la provincia, se los acusó de estafa, defraudación en el cumplimiento de contratos y partícipes necesarios del delito de administración infiel en perjuicio de una administración pública.

No se trata de una cuestión menor lo sucedido esta mañana en los estrados judiciales donde se ventiló esta causa, porque la Justicia rionegrina investigó nueve años y finalmente no hubo elementos que permitieran a la Fiscalía y a la querella acusar a los procesados, de “confusa imputación”, como mencionara el fiscal.

Cabe al menos preguntarse sobre la responsabilidad de la fiscal de la causa, Daniela Zágari y el propio juez Carlos Reussi, que procesó a los acusados. Qué sucedió con la instrucción, realizada en el marco del viejo Código, en tiempos en que ejercía la Procuración Liliana Piccinini, cuya hermana, Ana Piccinini presentó la denuncia penal en el 2008, cuando era Defensora del Pueblo.

Denunció irregularidades en la compra y calidad de alimentos a la empresa Flavors, que se distribuían en comedores infantiles, escuelas y para el Plan Comer en Familia.

Fue una causa que tuvo gran repercusión social y política, con amplia difusión, pero que ahora, transcurridos nueve años, la investigación judicial no le permitió al Fiscal de Cámara ni a la Fiscalía de Estado, contar con los elementos para sostener la acusación de los procesados y solicitar una condena.

Para responder a esta cuestión, habrá argumentos para adjudicar fallas al sistema penal anterior y a la vez potenciar las virtudes del nuevo Código. No es óbice que igual haya una mirada hacia el interior del Poder y el desempeño de sus funcionarios.

 

Fuente: ADN

 

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