Diputadas dan un fuerte impulso a la Ley de ‘Emergencia en Violencia de Género’

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Esta iniciativa busca generar partidas presupuestarias a las políticas públicas existentes en la prevención y erradicación de la violencia, para que sean instrumentos reales que den respuesta a los más de 300 femicidios al año en nuestro país.

Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de ‘Emergencia en Violencia de Género’, impulsado por las diputadas Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Silvia Horne, Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Victoria Donda y Gabriela Cerrutti. También firmaron María Emilia Soria, Carolina Moises, Vanesa Siley, Mónica Macha y Mayra Mendoza y participaron de la presentación cientos de mujeres, representantes de los movimientos sociales. Además participó la senadora Magdalena Odarda, quien va a impulsar la iniciativa en el Senado.

En la presentación que se realizó en el Auditorio del subsuelo del Congreso participaron representantes de los movimientos sociales que vienen trabajando en el territorio la temática de la violencia de género. “Ellas ya están haciendo lo que la ley plantea, la tarea de promotoras, la ley propone formar 100 promotoras para la prevención de la violencia de género en todo el territorio, ellas vienen realizando esta tarea de acompañamiento, saben lo que es llegar a una fiscalía y no encontrar respuestas, y que la mujer vuelva al ámbito dónde se la violenta porque no tiene un lugar para quedarse con sus niños, se mencionaron muchísimos casos, participaron familiares de víctimas, que pidieron el enjuiciamiento de los jueces que no han sido capaces de condenar a los asesinos”, expresó la diputada Silvia Horne.

La diputada rionegrina advirtió también que esperan que “no haya un boicot del oficialismo, que se trate el proyecto se trate y se sancione y que sea una ley con presupuesto y que garantice hacer efectiva las políticas que ya garantiza la Ley 26.485, que previene la violencia y que define todos los tipos de violencia contra las mujeres”.

En representación de las mujeres de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) del Movimiento Evita de Río Negro asistió su responsable, Haydée Bustos.

Esta iniciativa busca generar partidas presupuestarias a las políticas públicas existentes en la prevención y erradicación de la violencia, para que sean instrumentos reales que den respuesta a los más de 300 femicidios al año en nuestro país. Entre las medidas dispone la formación de 100 mil promotoras  nacionales para la prevención de la violencia de género y un programa de independencia económica y habitacional para dar respuesta a las mujeres que quieren abandonar los espacios de violencia. La normativa busca darle asidero al reclamo de diversas organizaciones sociales que trabajan en la respuesta a la violencia, directamente desde los barrios y territorios, para esto también se estipula la creación de un registro que de cuenta de estas estructuras y su trabajo.

La diputada rionegrina Silvia Horne, firmante del proyecto, expresó que “aún siendo doloroso reconocer que las mujeres estamos en emergencia en consecuencia de la violencia padecemos, la posibilidad de contar con un marco de unidad de todas las organizaciones sociales, del apoyo de legisladoras de diversos bloques y un compromiso de las mujeres de sostenernos entre todas, para lograr esta conquista, genera una satisfacción inmensa; haber podido presentar en ese marco un proyecto de ley de emergencia”.

Silvia Horne destacó que “es una ley que establece formar 100 mil promotoras en todo el país para la prevención de la violencia, una ley que establece garantizar un hábitat adecuado para las mujeres que sufren violencia. Es una ley que prevé garantizar un presupuesto y una política pública para que haya una defensoría de oficio y gratuita”.

“Asistimos a un momento muy importante de la sociedad argentina, más grande que el mismo feminismo, hablamos de los pilares de la democracia que hemos construido con mucho esfuerzo, con mucha sangre y dolor”, manifestó Horne.

El principal objetivo de la ley es la creación en la órbita del Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa de Independencia Económica y Habitacional para Mujeres Víctimas de Violencia, cuyos objetivos son garantizar el acceso de toda mujer que convive con su agresor a una vivienda alternativa para ella y sus hijos, durante el tiempo necesario para resguardar su seguridad. También brindar capacitaciones y asesoramiento en materia jurídica y de salud a las personas que participen de los distintos procesos y espacios de acompañamiento para mujeres en situación de violencia, entre otras funciones. 

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