La UCR no puede aceptar un DNU que degrada la democracia

La democracia requiere consensos, acuerdos en la búsqueda de comunes denominadores que nos beneficien a todos; esta situación es incompatible con las actitudes que orillan un Estado policial.

Dentro del radicalismo se pueden observar dos grupos (a veces más) que sin constituir las tradicionales líneas internas, han ido interpretando la difícil realidad que nos toca vivir y padecer, con diferentes matices, que incluso pueden obedecer a visiones personales por intereses propios o por abdicación a la nueva derecha imperante. Así, en esa especie de pragmatismo pueden inscribirse diputados, senadores, algunos gobernadores y algunos intendentes, que por supuesto por acción u omisión (su silencio, por ejemplo) apoyan las nuevas medidas ya conocidas del gobierno de Milei.

En cuanto al resto de radicales, que no son pocos, mantienen su línea de conducta partidaria basada como siempre en la organicidad partidaria, el respeto institucional, la defensa a rajatabla de la Democracia y la República.

Esto, naturalmente transforma a toda la UCR en opositores racionales con muy poca prensa, para variar un poco.

Si trabajaran en una plataforma de acuerdo a sus principio socialdemócratas, sin duda serían oposición y alternativa a este gobierno.

La tibieza de algunos, sumado al pragmatismo casi obsecuente del presidente del bloque de diputados, hace que el kirchnerismo se regenere y se convierta en la alternativa para las próximas elecciones.

Ser hoy funcional a Milei es ser funcional al kirchnerismo de mañana.

El radicalismo es mucho más que antiperonismo o antikirchnerismo, es un partido que lleva en sus genes la propia Revolución de Mayo, la integración nacional, las libertades individuales, la movilidad social ascendente, la defensa del patrimonio nacional, el desarrollo armónico de toda la sociedad, en definitiva: es libertad con justicia social.

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Hasta ahora todo lo propuesto por este gobierno va a contramano del pensamiento radical.

Si bien la UCR es un partido multiclasista, defiende los intereses de las clases bajas y media contra cualquier tipo de atropellos, siempre buscó la armonía de toda la sociedad. En cambio este gobierno, representa a los más poderosos en desmedro de la clase baja, pero fundamentalmente de la clase media. Como ejemplo: la ley ómnibus que mandó al Congreso especifica una baja de impuestos a las multinacionales como Techint, mientras la clase media va a pagar el doble.

“El ajuste lo va a pagar la casta” decía, con la suba de los alimentos, servicios, prepagas, alquileres y los salarios congelados, resultó que la casta era la clase media.

Toda esta situación solo para que el actual ministro pueda pagar las Leliq, invento de Caputo en la gestión de Macri, y poder garantizar que las prestadoras de servicios como los grandes supermercados puedan girar sus ganancias en dólares al exterior.

Este plan, que ya lo vivimos con Martínez de Hoz y con Menem, no podría llevarse a cabo sin sectores colaboracionistas de la clase baja y media.

Sin la colaboración de miembros de la raza oprimida, Mandela en Sudáfrica hubiese ganado antes y en EE. UU. el Ku Kluk Klan hubiese fracasado rotundamente.

Esperemos la reacción de la clase media a las políticas que ajustan su propia vida y cambia las costumbres e idiosincrasia de nuestro pueblo.

Sin embargo, quedan las dudas. La democracia requiere consensos, acuerdos en la búsqueda de comunes denominadores que nos beneficien a todos; esta situación es incompatible con las actitudes que orillan un Estado policial. ¿O será que para la aplicación de estas políticas se requiere represión?

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* Exsecretario de Gobierno y, Concejal UCR. Lomas de Zamora